El mandatario explicó que las y los extrabajadores habían aceptado la venta, por lo que estaban "contentísimos", pero que los abogados interpusieron amparos que han dificultado la compra de la marca.
Ciudad de México, 28 de junio (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió esta mañana a las y los extrabajadores de Mexicana de Aviación retirar las demandas para que el Gobierno federal pueda hacerse de la marca y así refundar la empresa aérea ahora a manos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
“Todo indica que estos abogados no quieren retirar las demandas, lo voy a volver a explicar. [...] Hacer llamado. No van a recibir nada y van a perjudicar a sus compañeros”, dijo durante su conferencia de prensa matutina.
"Los llamamos y les decimos retiren las demandas, van a perjudicar. ¿Cuándo van a poder vender la marca? Ojalá y alguna gente que quiera comprar los derechos de Mexicana, incluso nosotros les daríamos facilidades porque entre más líneas aéreas, mejor para que no cueste tanto el pasaje y va a ser difícil. Nosotros no podemos estar esperando porque a más tardar en diciembre van a empezar a volar los aviones", agregó.
El Presidente llamó a las y los extrabajadores a que "no se dejen engañar porque no van a recibir nada" si no deciden retirar las demandas y ceder los derechos de la marca.
Asimismo, López Obrador explicó que el Gobierno federal llevó a cabo mesas de diálogo con las y los trabajadores, en las que según se mostraron "contentísimos" porque de concretarse la compra tendrían "algo de justicia a una gran injusticia cometida por estos corruptos neoliberales", ya que, según afirmó, podrían recibir de 60 a 70 mil pesos.
"Hablamos con los dirigentes de los trabajadores y se hicieron asambleas y los trabajadores muy a gusto. Incluso incluye la compra de tres edificios, pero sólo la marca, se hizo un avalúo, es de creo 800 millones que se iban a repartir con todos, les iba a tocar de 60 o 70 mil pesos, se iba a repartir por igual", mencionó.
"Los trabajadores contentísimos porque nunca habían visto nada y también nosotros contentos, no tanto por la marca, sino porque se hace justicia, algo de justicia a una gran injusticia cometida por estos corruptos neoliberales", agregó.
El pasado 1 de junio, el mandatario nacional reveló que el proceso para la compra de la marca Mexicana de Aviación para que la nueva aerolínea estatal de la Sedena pueda tomar ese nombre se había empantanado y se había complicado debido a amparos promovidos por dos abogados que representan a trabajadores inconformes con el posible acuerdo.
“El 95 por ciento de los trabajadores, la mayoría, dijo: ‘Se acepta’. Se iba a distribuir el recurso, se hizo un avalúo, se estableció un precio, tres edificios, pero aparecieron dos abogados de repente, y en campana mal aconsejan a 50, 100 200 trabajadores, y meten amparos. Entonces ellos están pidiendo dinero para ellos, porque estos dos abogados dicen: ‘No acepten ese trato, les toca más’”, explicó en ese momento.
El pasado 6 de enero, el Gobierno de México había logrado llegar a un acuerdo con los trabajadores de Mexicana de Aviación para adquirir la marca y los activos de la empresa por 816 millones 786 mil 335 pesos.
La venta de la aerolínea extinta se concretó durante una reunión con la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA), la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA), el Sindicato Nacional de Trabajadores de Transporte, Transformación, Aviación, Servicios y Similares (SNTTTASS) y la Asociación de Jubilados, Trabajadores y Extrabajadores de la Aviación Mexicana (AJTEAM) en la Secretaría del Trabajo.
La aerolínea militar mexicana, que transportará pasajeros, carga y todo tipo de vuelos comerciales, quedó formalmente constituida hace un par de semanas, con la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la resolución aprobada por el Congreso mexicano a petición del Presidente López Obrador.
La “Aerolínea del Estado Mexicano” es uno de los últimos movimientos de la administración de López Obrador que, desde su inicio en diciembre de 2018, ha ido dando cada vez más tareas y poder a las fuerzas armadas, lo que sus críticos consideran una creciente y preocupante militarización del país por la dificultad de que los militares rindan cuentas ante entidades civiles.
